Según el escritor cubano Carlos Alberto Montaner, en un artículo de 2015 en el que analizaba el coste de la revolución socialista cubana, la cifra total ascendía a unos 2,055,214 establecimientos, entre los que se incluían casas, negocios, granjas y fábricas. Teniendo en cuenta que la población de Cuba en 1959 era de 6,000,500 habitantes, el robo per cápita fue inmenso.

Finalmente, gracias a que la Administración Trump activó el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (“Ley de Libertad”, a/k/a Helms-Burton) por primera vez desde la promulgación de la ley en 1996, se pagó una reclamación a los litigantes cubanoamericanos afectados.

Ley de Libertad de Cuba

El Título III, una de las cuatro secciones de la Ley de Libertad, permite a los americanos y cubanoamericanos buscar en los tribunales de Estados Unidos, una indemnización por las propiedades traficadas que fueron incautadas por los marxistas cubanos el 1 de enero de 1959 o después. En octubre de 2020, la familia Claflin (herederos y herencias) demandó a LafargeHolcim, una multinacional suiza de fabricación de materiales de construcción. LafargeHolcim cometió el error de aventurarse en un negocio con la dictadura cubana en 2000. La fábrica de cemento “Carlos Marx”, una empresa familiar confiscada, rebautizada y que pertenecía a los Clafín.

Conocida originalmente y de forma legal como “Compañía Azucarera Soledad” (Propiedad Soledad), la sociedad anónima se dedicaba al negocio del azúcar, así como a la ganadería y a la producción de leche en la provincia de Las Villas. La Propiedad Soledad, pirateada por el régimen castrista el 6 de agosto de 1960, incluía un ingenio azucarero, 31 millas de ferrocarril de vía estrecha con locomotoras de vapor, que descansaban en más de 27,000 acres de tierra de primera calidad. El gigante mundial suizo decidió asociarse con el comunismo cubano, invirtió en la planta de cemento “Carlos Marx” y se benefició de esta aventura empresarial en tierras saqueadas.

La Ley de Libertad calificó claramente este tipo de transacción como “tráfico”. Los abogados de los demandantes han alegado que antes de la decisión empresarial de LafargeHolcim de invertir en la Cuba comunista en el año 2000, la multinacional suiza buscó asesoramiento legal de un bufete de abogados con sede en Estados Unidos y fue alertada de que “invertir en la planta de cemento sin obtener la autorización de las personas titulares de las reclamaciones certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras (FSCS), le haría incurrir en responsabilidad bajo la Ley Helms-Burton”. No obstante, LafargeHolcim procedió a traficar con bienes robados.

El 24 de mayo se conoció que la empresa suiza asociada a la dictadura cubana había aceptado resolver el caso y pagar a la familia Claflin una cifra de indemnización desconocida. La familia cubana demandante que había sido expoliada por la revolución socialista había solicitado 240 millones de dólares por daños y perjuicios. Teniendo en cuenta los intereses anuales desde que se usurpó el bien, más la triple indemnización y los honorarios de los abogados, la cantidad podría oscilar entre 140 y 160 millones de dólares. Sin embargo, ninguna cantidad cuantificable puede compensar el coste extravagante de perder el país en manos del comunismo.

Aun así, se trata de una victoria para la libertad, para los derechos de propiedad, y debería servir como elemento disuasorio para todos los que están contemplando entrar o mantener una relación de complicidad con una dictadura brutal.

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